By La Corte Constitucional seleccionó para revisión una acción de tutela interpuesta por la periodista Claudia Julieta Duque contra la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que se origina tras la negativa del recurso de casación en el caso contra Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exdetective del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Rivera fue absuelto en 2025 mediante decisión de impugnación especial dentro de la investigación por presunta persecución y tortura psicológica contra la comunicadora.
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La tutela presentada por Duque busca que se garantice su acceso a un recurso judicial efectivo, luego de que, según expone, la negativa de la casación la dejó en un estado de indefensión al impedirle controvertir una decisión que considera que contiene irregularidades sustanciales.
A través de su cuenta en la red social X, Duque reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional y señaló: “Gracias a la Defensoría del Pueblo y demás organizaciones que apoyaron nuestra solicitud de revisión, y muy particularmente a Emmanuel Vargas Penagos, mi abogado y amigo, quien ha cabalgado esta batalla como el mejor de los jinetes”.
En el mismo pronunciamiento, la periodista destacó la relevancia del caso en relación con su impacto en el acceso a la justicia. “Este caso puede resultar muy importante para todas las víctimas, que por cuenta del derecho a la doble conformidad en casos de condenas han visto cercenado su derecho al recurso de casación. No puede seguir equiparándose lo uno con lo otro, y confiamos en que la Corte así lo dictamine”, indicó.
La revisión por parte de la Corte Constitucional implica el análisis de los argumentos presentados en la tutela, particularmente en lo relacionado con la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.
“Tengo claro que Ronal Rivera es CULPABLE de la tortura de la que fui objeto, y continuaré luchando porque así lo reconozca la justicia”, concluyó Duque en su reacción.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver a Rivera Rodríguez al concluir que no existían pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal en los hechos, ha sido cuestionada por la periodista y por organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que han señalado posibles deficiencias en la valoración probatoria y en el análisis del contexto en el que ocurrieron los hechos.
Estas críticas se centran en la falta de consideración de patrones de persecución contra periodistas y en la ausencia de enfoques jurídicos aplicados en otros casos similares.
Entre los aspectos señalados por la Flip se encuentra la no aplicación de la doctrina de “empresa criminal conjunta”, una figura del derecho internacional que permite establecer responsabilidades dentro de estructuras organizadas que ejecutan delitos de manera sistemática. Según la organización, esta herramienta habría permitido analizar el caso bajo un enfoque más amplio, teniendo en cuenta la estructura del DAS y las dinámicas internas de sus operaciones.
La Flip también indicó que la decisión judicial representó la pérdida de una oportunidad para desarrollar criterios jurídicos en torno a la tortura psicológica. De acuerdo con la organización, se trataba de un proceso con alcance internacional, al ser la primera vez que un caso de estas características llegaba a la más alta instancia de la justicia penal, lo que abría la posibilidad de consolidar estándares en esta materia.
Según la Fiscalía General de la Nación, Rivera Rodríguez habría integrado un grupo al interior del DAS que operaba bajo un plan estratégico para atacar a la periodista, utilizando información de inteligencia recolectada por el propio acusado. Estas acciones habrían estado orientadas a intimidar y hostigar a Duque en el ejercicio de su labor periodística.
Claudia Julieta Duque es reconocida por sus investigaciones sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón en 1999, un caso que involucró la participación de agentes estatales. De acuerdo con el expediente, el alcance de sus indagaciones habría motivado a funcionarios del DAS a desplegar acciones de seguimiento en su contra.
Entre los hechos documentados en el proceso se encuentran prácticas de vigilancia, hostigamiento y la instalación encubierta de dispositivos de seguimiento dentro de su esquema de seguridad. Estas conductas fueron consideradas dentro de la investigación como posibles formas de tortura psicológica.
La periodista ha manifestado que la decisión absolutoria constituye una forma de revictimización que prolonga los efectos de los hechos denunciados. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional de revisar la tutela abre un nuevo capítulo en este proceso judicial, centrado en el análisis de las garantías procesales y el acceso a recursos judiciales en casos relacionados con la protección de periodistas y la investigación de conductas atribuidas a organismos de seguridad del Estado.
